La monarquía y la reforma constitucional

     El lunes 25 de septiembre del 2006 de acuerdo con su agenda oficial, los príncipes acuden al almuerzo ofrecido en el comedor del palacio de la Zarzuela por los Reyes al Presidente de Portugal que estaba en viaje oficial a España, doña Letizia abandona la mesa en varias ocasiones a causa de que siente nauseas. Unos días antes durante su visita a La razón ha sufrido un ligero mareo, en cualquier caso, nada que llame la atención de los periodistas a los que estrecha la mano ese día. Pero eso no se queda ahí, pues el lunes no asiste a la cena de gala en el palacio real dedicada al Presidente luso (demasiado tiempo en pie durante el eterno besamanos habitual en esos actos oficiales); como no es la primera vez que se crean rumores acerca de la salud de la Princesa (llego a decirse que era anoréxica) la Casa Real decide hacer público el siguiente comunicado: “Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias tienen la gran alegría de anunciar que esperan el nacimiento de su segundo hijo para principios del próximo mes de mayo.  Sus Majestades los Reyes desean con este motivo sumarse a la gran alegría de este feliz anuncio. Palacio de La Zarzuela, a 25 de septiembre de 2006”                                                                                                                                                                                              Nuevamente la polémica sucesoria está servida, y digo nuevamente, porque dada la iniciativa del Presidente del gobierno, tan pronto se conoció el primer embarazo de doña Letizia se hizo famoso inmediatamente el título X de la constitución, y más concretamente el artículo 168 que salió publicado en todos los periódicos.

     Finalmente sólo conocimos el polémico sexo del bebé después del alumbramiento que resultó ser una niña con el nombre Leonor de Todos los Santos (este último se pone siguiendo la tradición de la casa real, aunque también solía ser tradición poner varios nombres) de Borbón y Ortiz. Cuando el Príncipe de Asturias aparece para dar la noticia en el centro Ruber, una periodista le pregunta “¿ha nacido una reina?” a lo que el Príncipe hábilmente responde (evitando toda polémica) “de momento ha nacido una infanta”.

      Con el segundo embarazo ya comentado, no se esperó tanto y como “el debate estaba en la calle” (como describió el Príncipe) se decidió anunciar el sexo del bebé a los pocos meses del anuncio del embarazo (también anunciado antes de tiempo), para alivio de muchos volvía ser una niña.

      De todos modos fue el propio don Felipe quien en vísperas de su boda se mostró partidario de abolir la preferencia masculina en la sucesión a la Corona y lo ha seguido manteniendo incluso con el nacimiento de la Infanta Leonor, explicando que juzga que es una reforma necesaria para adaptar la institución a los tiempos. No obstante, un interesante detalle que nunca se ha planteado es que, a pesar de esta ley e incluso cuando se cambie también habrá discriminación de sexos; en este caso hacia el varón, porque no olvidemos que cuando doña Leonor se case, su marido será Príncipe de Asturias consorte, pero no Rey, seguramente se le dará otro título, o como máximo será rey consorte, de hecho como se dice en el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes “Al consorte de la Reina de España, mientras lo sea o permanezca viudo, corresponderá la Dignidad de Príncipe. Recibirá el tratamiento de Alteza Real y los honores correspondientes a su Dignidad que se establezcan en el ordenamiento jurídico”, aunque también es verdad que pone en el artículo 6º que “El uso de títulos de nobleza, pertenecientes a la Casa Real, solamente podrá ser autorizado por el Titular de la Corona a los miembros de su Familia. La atribución del uso de dichos títulos tendrá carácter graciable, personal y vitalicio”, por lo que doña Leonor podría concederle fácilmente a su marido el título de Rey consorte, solucionando en parte esta desigualdad, que de todos modos sigue ahí. Pero, de todos modos, ¿no se podría calificar eso también de discriminación?. En cualquier caso esto se ha dado (y se da) en casi todas las monarquías europeas de la historia; como por ejemplo, en una de las más importantes, la de Gran Bretaña, el consorte de la reina Isabel II no es Rey, sino Príncipe de Edimburgo. En España tenemos pocos precedentes reyes consortes, de hecho, solamente tres: Fernando el católico, Felipe el hermoso y Francisco de Asís de Borbón; los dos primeros, eran ya Reyes de otros reinos, y el segundo era primo de Isabel II, todos ellos parecieron ostentar el título de Rey a secas o consorte, y no otro título inferior. No obstante, otra preocupación que se debería tener sobre el consorte, (dejando de lado la igualdad en materia de títulos) es que, dado que algún día doña Leonor se casará y sus hijos heredarán el apellido de su padre (es decir, no serán Borbones), muy probablemente plebeyo, ¿seguiría siendo entonces esa una Familia Real?; y aunque el padre tuviera la sangre más azul del mundo, ¿podemos enfrentarnos a esta altura de nuestra historia a un cambio de dinastía?; ante este problema muchos sugieren que en la constitución se ponga también algo que aclare (como se ha hecho en otros países de Europa como Mónaco, que si mantienen su apellido y no lo sustituyen por el nombre del país) que a pesar de esto, el apellido de la dinastía histórica se mantenga y pase a los hijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pero volviendo al día de hoy; dado que tanto la Casa Real como los partidos mayoritarios se han mostrado a favor de acometer la modificación constitucional que asegura el trono a la pequeña Leonor, el debate se centra ahora en como hacerlo. No obstante también es verdad que la Casa del Rey parece optar por la táctica dilatoria, es decir esperar hasta que don Felipe sea proclamado Rey tras la muerte o abdicación de don Juan Carlos; esta opción es tal vez un tanto peligrosa porque en el caso de accidente del Rey, del Príncipe o de ambos, el lío sucesorio está garantizado; dado que si le pasa al primero, automáticamente don Felipe se convierte en Rey, y por tanto su primogénita en Princesa de Asturias, a menos claro (según la actual constitución) que haya tenido para aquella a un varón, con lo cual este tendría preferencia; si se accidenta el segundo, entonces no pasa nada hasta la muerte del Rey, pero en ese momento se produciría el mismo problema que en el caso de accidente de ambos, pues ya habría incluso un problema de títulos y protocolo, dado que en teoría la Reina pasaría a ser Reina madre, pero como no hay rey entonces seguiría conservando el título, la Princesa sólo es consorte, con lo cual no podría ser proclamada Reina, como máximo regente (tarea que seguramente preferiría desempeñar doña Sofía) que al fin y al cabo es como un sustituto del Rey (incluso se somete al mismo juramento), pero el mayor problema sería para doña Leonor (aunque no hubiera otro hermano que pudiera aspirar al trono, en cuyo caso sería aún más complicado) porque no podría ser Princesa de Asturias, ya que ese título ya lo tiene doña Letizia, y no se puede llegar a Reina sin ser antes heredera del trono; en definitiva, un caos. Afortunadamente esa situación es bastante improbable, con lo cual vayámonos a otros supuestos más realistas.

      En cualquier caso, de acuerdo con los informes jurídicos que manejan la jefatura del estado y el gobierno (entre otros el emitido en el febrero del 2006 por el consejo de estado), los sucesivos nacimientos de los hijos de los Príncipes de Asturias (no olvidemos las declaraciones de don Felipe el día de la petición de mano en el palacio del Pardo “más de dos y menos de cinco” respondiendo a la pregunta de los hijos que pensaban tener) no otorgan a ninguno de ellos condición alguna de heredero (de ahí la continua expresión de “asegurar los derechos sucesorios de doña Leonor”) ya que no existe la figura del “heredero del heredero”. Y el lugar que ocupe cada cual en el orden de sucesión sólo podrá determinarse de acuerdo con la legislación vigente en el momento en que sus padres, los actuales Príncipes de Asturias accedan al trono. No obstante, otros juristas apuntan que la aplicación retroactiva de la norma con un perjudicado (es decir, una vez nacido un hijo varón) podría dar lugar a que éste invocase algún día sus derechos, generando una batalla legal y dinástica  no precisamente favorable a la estabilidad institucional; lo cual podría suceder perfectamente si tenemos en cuenta que haciendo cálculos, nos da que los príncipes podrían tener un niño no sólo antes de que se llevara a cabo la reforma, sino justo en medio de ella (démonos cuenta de que el presidente no va a abordar la reforma antes de acabar su mandato, pues para hacerla tienen que disolverse las cortes); ya que las pasadas elecciones fueron en el 14 de marzo de 2004, y dado que se celebran cada cuatro años, las siguientes serán en 2008 seguramente sobre las mismas fechas como lleva coincidiendo los últimos años; pues bien, en el caso de que los Príncipes decidan tener otro hijo después de tener su segunda hija, que según el comunicado oficial, nacerá a principios del mes de mayo de 2007, tendrían que esperar dos o tres meses (en el embarazo actual esperaron sólo dos) para que se recupere la madre, y a continuación, si todo va bien, la Princesa volvería a estar embarazada otros nueve meses, coincidiendo perfectamente el nacimiento del posible niño con el momento en que se comienza a llevar a cabo la reforma constitucional, convirtiéndose este posible futuro heredero en un “heredero retroactivo” (de todos modos también muchos apuntan a que en la constitución se debería aclarar que esa retroactividad se refiere sólo a los hijos de don Felipe y que no se aplica antes, pues también se le quiere asegurar el trono a este)   

      En cuanto a ejemplos de “herederos retroactivos” en Europa hay uno muy actual, de hecho, la situación que se vivió en Suecia a partir del 14 de julio de 1977, (el nacimiento de la princesa Victoria) recuerda en muchos aspectos a la que vivimos nosotros, ya que cuando la princesa nació también había una ley que primaba al varón sobre la mujer en la sucesión a la corona; por lo que su nacimiento fue aprovechado por los centristas (que habían llegado al poder en 1976 tras 56 años de social-democracia) para reformar la ley de sucesión y hacer de la igualdad de sexos su caballo de batalla. Esta modificación tenía los problemas propios de toda reforma constitucional; por lo tanto entre la presentación de la ley ante el parlamento y las dos votaciones  necesarias para ratificarla, pasaron tres años; momento para el que ya había nacido el príncipe Carlos Felipe, por lo cual el legítimo heredero quedaba desposeído de su título de príncipe heredero cuando sólo contaba con siete meses, mientras que su hermana lo adquiría en 1980. En la actualidad el “ex-heredero”, tiene 27 años, es el segundo (hasta que la princesa Victoria tenga hijos) en la linea de sucesión y ostenta el título de duque Värmland, y no parece haber habido ningún problema respecto a él; no obstante también es verdad que el padre de ambos, el rey Carlos Gustavo XVI se ha arrepentido en público de la abolición de la ley ya nombrada. Hecho que, a decir de la opinión de la opinión del Príncipe de Asturias, nunca ocurriría en España.

      Además de esta técnica del “laisser faire, laisser passer”, hay otras opciones que tiene ante sí el gobierno don Jose Luís Rodríguez Zapatero; Así, como sugirieron algunos constitucionalistas, el gobierno podría limitarse, de momento, a promover una declaración solemne de ambas cámaras parlamentarias en la que se reconozca la voluntad inequívoca de las cortes de emprender la reforma, pero sólo sería una solución transitoria que es rechazada por muchos juristas; otra posibilidad es solucionarlo todo mediante una mera ley orgánica, de ese modo, basándose en el apartado 5 del artículo 57 de la constitución, según el cual “las abdicaciones o renuncias y cualquier duda de hecho y de derecho que ocurre en el orden de sucesión a la Corona se resolverá por una ley orgánica”. Si bien está solución podría ser muy acertada para evitar todo el lío de la otra opción, que se explicará a continuación, también es verdad que jurídicamente es más sostenible mantener que la sucesión sólo se predica en el momento biológico de la muerte del monarca que abogar en este asunto por una declaración solemne de las cámaras o una ley orgánica, y a pesar de que está requiere de especiales mayorías, nunca este tipo de normas puede modificar la ley de leyes, la constitución; de todos modos también hay que destacar que la constitución pone la “duda de hecho o de derecho” (que justificaría la ley orgánica) no está en el texto del artículo 57, que es claro; y parece estar en la conveniencia del aplicar el blindaje severísimo del 168, pensado por los constituyentes para el caso de que se cuestionase la monarquía como forma política del Estado. Esta opción de la ley orgánica cuenta con el apoyo de los sectores monárquicos y la Casa Real, seguramente, la aceptaría de buen grado para evitar la última y complicada solución.

      Esta última solución consiste en aplicar el título X de la reforma constitucional, pero si hay algo que la Casa Real ha dejado claro es que esa reforma no debe aplicarse de manera individual, sino conjunta con otras modificaciones constitucionales; la pregunta que surge es: ¿los distintos partidos (especialmente los mayoritarios) se pondrán de acuerdo en el contenido de reformas como podrían ser la reforma del Senado, techo competencial del estado… etc, que en teoría también se incluirían?, en cualquier caso, S.M. el Rey lo ha vuelto ha dejar claro (como cada vez que se habla del tema) en su mensaje de navidad del 2006 con frases como “Las claves de nuestra modernización han sido la reconciliación, la concordia, la generosidad y la común voluntad de construir una España democrática, moderna, unida y respetuosa de su rica diversidad, en torno a una Constitución de todos y para todos, producto del más amplio consenso entre españoles” o “de ahí, una vez más, mi apelación a las instituciones y a los partidos del arco constitucional, para que contribuyan, mediante el más amplio consenso y el apoyo del conjunto de la sociedad, a asegurar la mejor solución a las principales preocupaciones de los ciudadanos, siempre en el marco de nuestra Constitución”, y también “Un futuro que merece una dedicación diaria por parte de todos y cada uno de nosotros. Soseguemos la vida política y trabajemos con espíritu integrador”; se puede decir más alto pero no más claro, la palabra que lo resume todo es “consenso”, una palabra que es usada muy habitualmente para definir la transición española, aunque la pregunta es ¿lo hay ahora?, no deja de ser un apasionante debate de actualidad política al igual que todas las consecuencias a las que llevarían esas reformas, pero el tema del trabajo es sólo acerca de una de ellas, de modo que continuemos con el objeto de nuestro estudio.

     Para empezar es importante decir que la mayoría de las constituciones actuales prevén su propia reforma, pese a ello todas ellas nacen con una pretensión más o menos explicita de permanencia e incluso de perpetuidad, pero la realidad nos muestra algo totalmente diferente.

      Hoy, la problemática de la reforma constitucional ha superado la clásica disyuntiva entre flexibilidad y rigidez constitucionales, ya que si bien la primera implica la posibilidad de que una fuerza política en el poder, pueda modificar por si sola el texto constitucional puede conducir a que los cambios constitucionales se produzcan al margen y en contra del propio texto, lo que implicaría la destrucción de la norma fundamental (el siglo XIX en España es un buen ejemplo de ello). Por esto la mayoría de las constituciones actuales tienen un carácter rígido, previéndose procedimientos más o menos agravados, como consecuencia del carácter de mecanismo de defensa constitucional que tiene todo procedimiento de reforma. Visto esto parece importante distinguir entre:

-destrucción de la Constitución: se produce cuando se suprime la constitución existente y también el poder constituyente el que se fundamentaba.

-supresión de la Constitución: supone la desaparición del texto, pero el poder constituyente que lo fundamenta se conserva. También se podría llamar reforma total de la constitución.  

-reforma de la Constitución: es una reforma parcial, pues de lo contrario sería el caso anterior.

-quebrantamiento de la Constitución: implica la violación de la norma fundamental, ya que se produce una modificación en ella, sin atenerse a los planteamientos previstos.

-suspensión de la Constitución: se produce cuando una o varias disposiciones son declaradas, provisionalmente, fuera de vigor. La cuestión suele afectar a los derechos y libertades fundamentales.

      Indudablemente, el caso que nos interesa es el tercero, de todos modos, hay que decir que la reforma constitucional debe garantizar tanto una estabilidad del texto constitucional como su adecuación a los cambios sociales y políticos que se produzcan.

     En España los titulares de la iniciativa de reforma (el primer paso de esta) son el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas. No obstante hay que destacar la escasa definición de las comunidades autónomas en el panorama estatal y que esta es su manifestación más importante en este ámbito; también es importante decir que hay una preponderancia del Congreso sobre el Senado, ya que éste (a iniciativa de cincuenta senadores que no pertenezcan a un mismo grupo parlamentario) una vez tomada en consideración la respectiva proposición de reforma, habrá de enviarla al Congreso, cuyo reglamento exige una mayor cualificación en la presentación de proposiciones de reforma, ya que estas habrán de ir suscritas por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los diputados. Como se ve el procedimiento de reforma empieza a plantear problemas desde sus inicios puesto que no todas las fuerzas políticas podrían plantear por sí mismas su inicio, y es aún más difícil en el Senado, cuya regulación reglamentaria parece impedirle el ejercicio de la iniciativa en el supuesto del art. 168 de la Constitución (el que más nos interesa).

      En cuanto a la iniciativa del gobierno tiene primacía  en su iniciativa de reforma sobre las demás, aunque también requiere el acuerdo del consejo de ministros y el envío del texto con una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios (como dice el art. 88).

      Una vez planteada la iniciativa de reforma (punto en el que parece que estamos en este momento) la constitución contempla la existencia de dos procedimientos; si se trata de una reforma total o parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo (sección 1ª) del Título I o al Título II, se seguirá el procedimiento del art. 168; en caso contrario se utilizará el procedimiento establecido en el art.167. A nosotros nos interesa el primer caso, es decir el procedimiento especial.

      Este parece concebido como una cláusula de intangibilidad y para que nunca pueda ser utilizado. En cualquier caso, las partes de la constitución que parecen ser más protegidas, son las siguientes:

-El Título preliminar: este conjunto normativo contiene preceptos como los arts. 1 y 2 que parecen recoger la esencia de la Constitución, pero también contiene otros como los arts. 4 y5 que no parecen responder a esta finalidad.

-Se habla del Capítulo Segundo sección 1ª, del Título I, que trata de los derechos fundamentales y libertades públicas, tema este que parece pacíficamente aceptado, pero del cual aparecen excluidos importantes preceptos, como los artículos 10 y 14.

-Finalmente el Título II (el que más nos interesa pues es parte de ese el que se quiere cambiar), que es el relativo a la Corona, donde se contienen preceptos de desigual importancia para la institución monárquica, por ejemplo son importantes el art. 56 o el art. 62, y la importancia de los requisitos para ser tutor del Rey menor… etc. El que se quiere modificar es parte del art. 57.1., que establece como se llevará a cabo la sucesión, y hay primacía del varón sobre la mujer.

      En cualquier caso, una vez tomada la iniciativa de reforma, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

-Aprobación por las Cámaras: exigiéndose una mayoría de 2/3 en cada una de ellas y procediéndose a su disolución inmediata. En principio parece que la mayoría cualificada exigida es menor que en el art. 167. Sin embargo aquí no se contempla la posibilidad de un desacuerdo entre el Congreso y el Senado, con lo cual la mayoría de los 2/3 no podrá ser disminuida. Además la disolución inmediata de las Cortes puede actuar a modo de cortapisas sobre diputados y senadores ya que con su voto afirmativo a la reforma, verán terminado su mandato parlamentario.

      La actuación de estas Cámaras plantea el problema de si deben limitarse a una decisión sobre el proyecto de reforma o por el contrario su actuación debe trascender de la oportunidad y principios de la misma pasando a regular detalladamente el contenido de ella; esta cuestión ha sido resuelta por el reglamento del Congreso, que sólo contempla un debate a la totalidad en el pleno, llegando a establecerse que la mayoría de los 2/3 es sobre el principio de revisión (art. 147.2), con lo cual parece indicarse que se trata solamente de una decisión sobre la reforma constitucional y no de una elaboración del proyecto de reforma. Las mismas conclusiones se pueden sacar del reglamento del Senado (art. 158).

      Una vez aceptada la decisión de reforma por el congreso, se comunica al Senado. En caso de que esta Cámara también la adopte, el Presidente del Congreso comunicará al gobierno el acuerdo para que se proceda a la disolución de las Cortes Generales. Si no hay acuerdo entre ambas Cámaras el procedimiento toca a su fin, no pudiéndose aplicar las reglas generales del procedimiento legislativo ordinario, salvo que reglamentariamente así se establezca y salvo un criterio de interpelación analógico, ciertamente dudoso en relación con el artículo 167

-Aprobación de las nuevas Cámaras elegidas: por mayoría también de 2/3 en cada una de ellas. Este nuevo trámite de procedimiento presenta nuevos problemas; así las nuevas Cortes pueden ser consideradas como unas Cortes Constituyentes cuya única misión es aprobar la reforma constitucional y luego o continuar como Cortes ordinarias o volver a disolverlas; la Constitución parece decir que la primera solución es la adecuada, pues si hubiera que disolverlas se diría de forma más explicita (no obstante podrían ser perfectamente disueltas por el presidente del gobierno y se procedería a una elección de las nuevas Cortes ordinarias).

      Por lo que se refiere a la actuación de las Cortes, primero, deben ratificar la decisión adoptada por las Cortes anteriores, para lo cual no requiere la mayoría de los 2/3, siendo suficiente la mayoría simple en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado. Tomado dicho acuerdo, se procederá al estudio del nuevo texto constitucional, lo cual implica evidentemente la posibilidad de enmiendas y debates, lo que nos hace ver que van a ser estas cortes las que realmente elaboren el proyecto de reforma (las primitivas, realmente, sólo tomaron la decisión de reformar la constitución).

      Las reglas para proceder a este estudio son las mismas que las del procedimiento legislativo ordinario. Una vez aprobado el texto por ambas Cámaras, por mayoría de 2/3  en una votación final, el presidente del Congreso se lo comunica al presidente del gobierno a efectos del referéndum que se prevé en el art. 168.3.

      Una interesante cuestión sería si las nuevas Cortes podrían extender el ámbito de la reforma más allá del inicialmente previsto por las anteriores Cortes; la verdad es que no parece haber nada que lo impida, aunque indudablemente su actuación ha de venir condicionada por la ratificación de la decisión que han tenido que adoptar con anterioridad; es decir, no se puede pretender que si la decisión de las actuales Cortes es cambiar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona española, y así se ratifica por las futuras Cortes elegidas, de repente se pretenda extender el ámbito de la reforma hasta una modificación profunda de los esquemas de la monarquía parlamentaria, llegando incluso a la abolición de la misma, ya que esto no se encontraba previsto por la decisión de reforma adoptada por las primeras Cortes.

-Ratificación mediante referéndum: que es de carácter obligatorio.

      A pesar de lo complicado de este proceso, realmente se puede apreciar que la constitución no es totalmente rígida, pues permite la revisión total de ella. No obstante añadiré que durante los debates parlamentarios, sí que se propusieron diversas cláusulas de intangibilidad, que nunca llegaron a aprobarse, tal vez porque todos eran conscientes del significado del art.168, y también porque se darían cuenta de que esas cláusulas tienen un valor relativo, puesto que, o bien suponen un potencial revolucionario o bien pueden ser burladas mediante el proceso de reformar la cláusula de irreformabilidad y naturalmente, y lo que es más peligroso, los preceptos por ella protegidos.

      No obstante parece que si se reforman determinadas partes que podríamos llamar los preceptos esenciales nos veríamos ante una sustitución de la constitución, pero la pregunta es, ¿cuáles son?, en opinión de algunos autores podrían ser estos cuatro: el estado social y democrático de derecho, la monarquía parlamentaria, el estado autonómico y el pluralismo político, a lo que sería prudente añadir la regulación esencial de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

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