La monarquía española

      La Constitución dispone en el artículo 1.3 que “la forma política del estado español es la monarquía parlamentaria” lo cual demuestra (que esté en el Título Preliminar) la especial protección que se le quiere dar a efectos de reforma constitucional, y su modificación supondría incluso una reforma total, lo que se repite en el caso del título II, e incluso tiene una mayor protección que los títulos III, IV y V, adquiriendo de ese modo la Corona una relevancia mayor que los demás elementos integrantes del sistema del gobierno parlamentario.

     Por otra parte parece haber una confusión entre forma política de gobierno y forma política de estado e incluso en los debates parlamentarios se planteó la cuestión, produciéndose posturas encontradas, por tanto creo que vale la pena aclarar estos dos conceptos muy resumidamente; forma política es un concepto que engloba tanto las formas de estado como las formas de gobierno, por tanto debemos distinguir entre ambas; forma de gobierno es el sistema de relaciones que puede establecerse entre los diversos órganos constitucionales del estado y dentro de esto aún habría que distinguir entre los sistemas de gobierno (parlamentario, presidencial y de asamblea) y las formas de gobierno stricto sensu que afectaría al carácter electivo o no de la suprema magistratura del estado, es decir la distinción entre monarquía y república ; respecto a la forma de estado, se entiende el sistema de relaciones que se pueden producir entre los elementos constitutivos del estado (territorio, pueblo y poder). Dentro de ellas se podría hablar de formas jurídicas que afectan a la distribución territorial del poder político (estado unitario, federal o regional) y de formas políticas de estado que apuntan a las relaciones entre los dos términos de la relación política, gobernantes y gobernados, es decir a la noción de sistema y régimen político (dentro de esto estarían por ejemplo el estado patrimonial, democrático liberal, marxista… etc).

     Como se puede apreciar, la monarquía parlamentaria no parece admitir la consideración de forma política de estado, ya que se encontraría fundamentalmente definida en el art. 1.1 de la constitución y en su consideración de forma jurídica de estado en el artículo 2, y demás preceptos concordantes. Por tanto la monarquía como tal, sería una forma de gobierno stricto sensu y añadiendole el “parlamentaria” sería un sistema de gobierno. Queda así, la pregunta del porqué se utilizaron las palabras “forma política de estado”; una razón podría ser que como esas palabras engloban la forma de estado y la de gobierno y por tanto no se la quería reducir solamente a una forma de gobierno, puesto que la elección de la monarquía frente a la república afecta a todo el estado, incluyendo su estructura y su finalidad; otro sería reconocerle mediante el derecho escrito que no se queda en una simple institución de estado, sino que impregna con su establecimiento toda la configuración estatal, y que ha hecho posible, debido a su configuración como forma de estado, la existencia de la constitución; otra posible explicación podría ser que (como explica el título II) dado que el rey es el arbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones (art. 56.1), parece ser más fácil considerar a esta institución como forma de estado que de gobierno.

     Se podrían dar otras muchas explicaciones acerca de esta ¿confusión?, pero no es lo que se pretende en este trabajo, y por tanto vamos a pasar a analizar a la monarquía parlamentaria en sí, que habiendo llegado a este último estadio se crea la pregunta de su significado en una sociedad democrática; cabe señalar que ambos conceptos no son en la actualidad opuestos y de hecho en muchos países, entre ellos España, uno ha venido de la mano del otro; pero para esto se debe llegar a la forma citada, lo que implica el abandono del monarca de su potestad de expresar la voluntad del estado y de ejercer los poderes públicos y la consideración del rey como un poder moderador, ya que esto implicaría la existencia de poderes residuales a su favor, lo cual no sería propio de este sistema; y es que la legitimación de la monarquía sólo puede basarse en la aceptación del principio democrático que implica la defensa de este por parte de aquella, lo que no significa que en determinadas situaciones excepcionales cuando se produzca un anormal o imposible funcionamiento de los mecanismos gubernamentales, el Rey pueda utilizar su “poder de reserva”, que no puede identificarse con un residuo histórico de poder , en defensa de dicho principio democrático y del normal desenvolvimiento de los mecanismos gubernamentales.

      A pesar de que los poderes que ejercerá doña Leonor (si se reforma la constitución) se tratarán más adelante, es interesante, ya que se ha entrado en el tema, dar unos pocos rasgos sobre el sistema parlamentario español y el papel de la monarquía en este.

     El sistema de gobierno parlamentario responde al principio de colaboración de poderes, lo que parte de una serie de premisas fundamentales como son la igualdad teórica entre ejecutivo y legislativo la existencia de una especialización funcional y el establecimiento de una serie de instrumentos que conduzcan a establecer un sistema de colaboración entre ambos en el ejercicio de sus respectivas funciones: los medios de acción recíproca; sabiendo esto, podemos considerar la existencia de dos requisitos fundamentales, sin los cuales este no existiría : la existencia de una responsabilidad política del gobierno ante el parlamento que implica (en caso de denegación) la dimisión de aquel y la posibilidad de disolución del mismo por parte del gobierno. Otras características podrían ser la existencia de varias cámaras, de que los miembros del gobierno también sean parlamentarios… etc.

      El sistema en España es el multipartidismo, en el que hay que distinguir si un partido obtiene o no la mayoría absoluta en el Parlamento; en el primer caso, habrá concentración y no colaboración de poderes; en el segundo la colaboración de poderes queda reforzada, pero puede suceder que haya la necesidad de gobiernos de coalición o la permanencia en el poder de gobiernos minoritarios, con la consiguiente inestabilidad gubernamental que esta situación puede acarrear; en este último caso, la posición de la jefatura de estado queda reforzada porque si se trata de un Presidente de elección popular su carácter representativo se sitúa por encima de los partidos y en el caso de un monarca aumenta su discrecionalidad a la hora de proponer al parlamento al jefe de gobierno.

     Este sistema se asemeja al italiano y especialmente al alemán, pues se trata de un parlamentarismo racionalizado que pretende dar al gobierno la suficiente estabilidad y permanencia, estableciéndose una serie de trabas que dificulten su dimisión ante el Parlamento y que lo mantenga en el ejercicio del poder.

     El monarca en este sistema tiene unas atribuciones que se pueden considerar como actos debidos, no apreciándose ningún margen de discrecionalidad  que suponga la existencia de un auténtico poder decisorio; lo que no excluye la facultad siempre reconocida a los monarcas (por influencia del régimen británico) de coadyuvar a la mayor estabilidad gubernamental y al funcionamiento regular de las instituciones, cuando éstas lo requieren. No obstante también hay cierta discrecionalidad en otros supuestos, como por ejemplo en la propuesta para nombramiento del presidente del gobierno (tal como dice el art. 99) lo que hace necesario que el monarca tenga en cuenta las prácticas parlamentarias y que la solución le sea ofrecida por las distintas fuerzas políticas de tal forma que ninguna de ellas pueda monopolizar en su favor la figura del Rey.

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2 respuestas a La monarquía española

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