Funciones constitucionales del Rey de España

      Naturalmente no se puede acabar este artículo sin comentar las funciones a las que se va a enfrentar en un futuro la actual Infanta, primero como Princesa de Asturias y más tarde como Reina de España. No obstante antes de ver las funciones que actualmente se le encomiendan a aquel que ostenta esos títulos, creo que vale la pena revisar brevemente a las anteriores reinas de España (que reinaron por si mismas y no como consortes, tal como lo hará la Infanta Leonor) y sus reinados (más que nada para conocer los precedentes), estas fueron sólo tres:

-Isabel I: más conocida como la católica (título que le entrego el Papa a los reyes de España); fue una mujer inteligente y ambiciosa que logró arrebatarle el trono a la hija de su hermano Enrique IV de Castilla, se casó con el heredero de la Corona de Aragón, con lo cual “crearon” España (de hecho fue de aquella cuando se empezó a hablar del reino de España). En su reinado también destacan que impulsó el descubrimiento del nuevo mundo por parte de Cristóbal Colón (lo que enriqueció enormemente al reino gracias al oro que llegaba de las indias) y se unificó casi toda la península, también se creo la santa hermandad (primer cuerpo de policía en el país) y fue una hábil diplomática casando a sus hijos con los reyes de las principales potencias. No obstante fue una fanática religiosa y creó la Santa Inquisición y la intolerancia religiosa fue enorme durante su reinado.

-Juana I: más conocida como la loca; se convirtió en Reina casi por casualidad (tenía dos hermanos delante), se casó con Felipe de Austria hijo del emperador Maximiliano del sacro imperio romano germánico, lo que acabaría creando el imperio español, pues con la herencia de los reinos de sus padres, las tierras de su esposo y de su suegro acabaría poseyendo media Europa. No obstante ella no era como su madre, y fue la reina trágica por excelencia; padeció toda su vida una depresión que no fue capaz de curar a causa de los celos que le provocaba su marido con otras mujeres, el cual provocó que fuese inhabilitada como reina. Pero para la desgracia de Juana, él no sería el único que pasaría por encima de ella, también lo harían su padre e incluso su hijo, el primero a la muerte de su esposo y el segundo cuando volvió de Flandes no la liberó de su encarcelamiento en Tordesillas donde vivía prácticamente en la miseria, e incluso cuando los comuneros intentaron liberarla para que ejerciera su poder y reclamara sus derechos, ella no se atrevió. A pesar de todo esto, ostentó el título de Reina toda su vida.

-Isabel II: al igual que la anterior también tuvo una vida trágica; esta reina también llamada “la de los tristes destinos”, que podía haber sido soprano, se convirtió en heredera a última hora (lo que crea cierto paralelismo con doña Leonor) en el lecho de muerte de Fernando VII que abolió la ley sálica, lo que creo el problema de los carlistas, que como ya se ha visto, permanece.

      Mientras era una niña su madre, que ejercía la regencia se enamoró de un sargento (matrimonio morganático) así que se vio obligada a abdicar y abandonó el país; sucediéndola el general Espartero (como se ve, fue una infancia complicada). A los trece años fue nombrada mayor de edad y poco después se la casó con su primo, (lo que se convirtió en una cuestión nacional e internacional pues nadie quería que esa boda perjudicara sus alianzas, así que se optó por una persona que no fuera a influir demasiado en política) que posiblemente era homosexual y la Reina lo odiaba; con lo cual han corrido ríos de tinta acerca de sus posibles amantes. Durante su reinado se independizaron la mayoría de las colonias y ella fue manipulada frecuentemente por sus ministros lo que la llevó a intervenir frecuentemente en política y volverse extremadamente impopular entre los políticos. No obstante durante su reinado también se modernizó mucho el país interiormente, y la política exterior fue muy fructífera. Finalmente acabó teniendo que exiliarse a causa de la revolución de “la gloriosa”, y aunque vivió el resto de su vida en Francia, pudo ver la proclamación de Amadeo de Saboya, la proclamación de la I república, la restauración de su hijo Alfonso XII, la regencia de María Cristina y el comienzo del reinado de Alfonso XIII.

     Después de haber revisado la historia volvemos a la actualidad para saber que funciones desempeñará doña Leonor como:

 

Princesa de Asturias

      Es evidente la importancia constitucional que posee la persona que está llamada a convertirse en Rey, lo que explica su tratamiento, aunque menos detalladamente que en las anteriores, en la Constitución vigente Así en la Constitución se establece en el art. 57.2 que “El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España” es decir será Princesa de Asturias, Princesa de Girona y Princesa de Viana (correspondientes a los primogénitos de los Reinos de Castilla, Aragón y Navarra cuya unión se formó en el siglo XVI) Ostentará, asimismo, los títulos de Duquesa de Montblanc, Condesa de Cervera y Señora de Balaguer.

      A pesar de que en principio se es Príncipe de Asturias desde el nacimiento, la proclamación con esa dignidad no se produce hasta la mayoría de edad, momento en que la Constitución ya regula el juramento que debe prestar, como dice en el art. 61.2 “El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento (que el rey; es decir de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas), así como el de fidelidad al Rey”

      En cuanto a sus futuras funciones, realmente ni la Constitución ni ninguna otra norma las aclara expresamente; pero se dice que cuando don Juan Carlos se dio cuenta de ello y pensó que ser Príncipe heredero no debía reducirse a la “eterna espera” (para ser Rey) y mucho menos ser el heredero permanentemente ocioso (como el Príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra), así que después de completar su educación (universitaria y militar), también debía de tener su propio trabajo y sus propias funciones, con lo cual el Príncipe actúa en funciones representativas en nombre de su padre y sigue en su permanente preparación para ser Rey (se deduce que doña Leonor seguirá este mismo método de aprendizaje).

      La Constitución sólo se refiere directamente al Príncipe heredero una vez más, en el art. 59.2 en la que dice que si se inhabilitara al Rey con el reconocimiento de las Cortes generales, el Príncipe heredero entraría a ejercer la regencia de forma inmediata si fuese mayor de edad.

      Se le cita también indirectamente cuando se habla de la regencia y del tutor del rey (en el caso de que este sea menor de edad) y por último en el art. 65 donde se dice que “El Rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma” por tanto no hay una dotación diferenciada para el Príncipe, no hay por tanto, una emancipación de la Casa del Príncipe como si sucede en la mayoría de las monarquías europeas.

      Finalmente aclarar ciertas confusiones que suele haber respecto a los títulos de Príncipe e Infante; en España solamente hay un Príncipe, como máximo dos, el hijo del Rey y el consorte; pues el resto de los hijos son infantes (al igual que los hijos del heredero), es esta pues, una forma de diferenciar al heredero de los demás que suele establecerse en todas las monarquías; ya sea mediante un título que sólo puede tener el heredero como por ejemplo Príncipe de Asturias (España) o Príncipe de Gales (Inglaterra), y en otros casos simplemente le añaden a la palabra príncipe “heredero”, como por ejemplo en Dinamarca, Bélgica o Suecia y el resto de los hijos son príncipes “a secas” (aunque les suelen dar un título importante como duque); en otros países (como España) esa diferenciación parece ser insuficiente por lo cual el resto de los “no herederos” toman títulos como Infante (España), Archiduque (Austria) o Gran duque (Rusia), no siendo príncipes.

 

Reina de España

      La constitución española establece que “Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona” es decir, que (si todo sale como está previsto) doña Leonor será: Reina de España, Majestad Católica, Reina de Castilla, de León, de Aragón, de Las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, de las islas y tierra firme de las mar océano; Archiduquesa de Austria; Duquesa de Borgoña, de Brabante, de Milán, de Atenas y de Neopatria; Marquesa de Oristan; Condesa de Habsburgo, de Flandes, del Tirol, del Rosellón, de Gocéano, de Cerdeña y de Barcelona; Señora de Vizcaya y de Molina (hay que aclarar, que estos son todos los títulos soberanos de los territorios históricos de la Corona y que tienen el carácter especial de ser patrimonio exclusivo de la Corona de España, en la persona del jefe de la Casa Real Española).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Esa cita se puede encontrar en el Título II de la constitución en el que encontramos diversas novedades frente a las anteriores constituciones, por ejemplo, es la primera vez que la regulación de la monarquía se antepone a la de las Cortes; la protección que se le hace para el caso de una reforma, equiparándola a los principios del Título preliminar o a los derechos y libertades fundamentales del Capítulo segundo; también lo es la utilización del termino “Corona” ya que las anteriores solían poner “del Rey y sus Ministros” o también que en toda la regulación constitucional no se han previsto las ausencias del monarca del territorio nacional, posiblemente porque este supuesto ya no tiene las mismas dimensiones que en el pasado, siendo incluso excesivo aplicar en este caso las reglas de la regencia.

      En cualquier caso, la Constitución configura una monarquía hereditaria que no presenta grandes novedades, ya que la regulación del art. 57 (que en un futuro será cambiada), supone una continuación de la tradición española y que de hecho nos recuerda a la Constitución canovista de 1876, y de hecho algunos de sus preceptos se repiten casi literalmente. Se ve así que se opta por el sistema castellano configurado en las Partidas, apartándose de los precedentes aragoneses y del sistema sucesorio establecido por el anterior régimen autoritario.

      De todos modos la configuración de la institución si que presenta algunas particularidades como que el Rey es considerado como un órgano constitucional que expresa la unidad del estado.

      Pero volviendo al tema que se estaba tratando, las funciones de un Rey (en este caso será una Reina) en un sistema parlamentario son exclusivamente las que le atribuye la Constitución, no hay por tanto poderes residuales propios de una monarquía limitada; de hecho queda muy claro y explicito en el art. 56.1; el monarca está así dotado de auctoritas pero no de potestas, reina pero no gobierna;  y es descrito como símbolo de la unidad del estado, arbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones y el más alto representante del estado en las relaciones internacionales.

      Se ve así que el centro de decisión política ya no radica en el Rey, sino en el Parlamento, así que se puede decir que como en Inglaterra, el Rey tiene “the right to be consulted, the right to encourage, the righ to warn” (el derecho a ser consultado, a animar y a advertir); lo que encaja perfectamente con las funciones de una monarquía parlamentaria. A pesar de esto se analizarán los poderes del Rey en la división típica:

 

Poder legislativo: que es ejercido por las Cortes generales, y en las que el Rey no tiene ningún poder discrecional, por lo que no se atenta contra la posición constitucional de las mismas. En cualquier caso, estos son las funciones del monarca en este ámbito:

   1) La sanción y promulgación de las leyes: que algunos ven con recelo porque dicen que de esa forma el Rey participa en la formación de la voluntad estatal; pero tal afirmación no se sostiene porque para ello tendría que existir la posibilidad de no sancionarlas (es decir de la existencia del veto real, que existe en la mayoría de los estados monárquicos y republicanos; otra cosa es que se utilice) o que fuera un acto libre y discrecional del Rey; ninguna de esas opciones aparece permitida por la Constitución, y de hecho se trata de un acto debido sometido a refrendo (el Rey está exento de responsabilidad en todas sus acciones, por tanto siempre tiene que haber alguien que la asuma, que suele ser el presidente del gobierno). Así se ve en el art. 91 que el Rey sancionará en el plazo de 15 días (la posibilidad de retrasar esta sanción tampoco sería del Rey sino del presidente del gobierno) las leyes aprobadas por las Cortes generales.

      Siempre que se habla de esta función se plantea la pregunta del que pasaría si el Rey se negase a sancionar las leyes (supuesto muy improbable), caso en el que la monarquía podría poner en tela de juicio su propia existencia, y la única solución inmediata sería la inhabilitación del Rey.

   2) La convocatoria de las cortes: esta función real también es un acto debido, sometido a refrendo y sin ninguna discrecionalidad, que sólo afecta a la reunión de las mismas al comienzo de cada legislatura, pero no en los supuestos de reuniones ordinarias previstas en el art. 73, en la que la convocatoria la hace el presidente de cada Cámara. Esta es una novedad frente a las anteriores constituciones en la que las Cortes dependían en su funcionamiento del monarca (que las reunía lo menos posible); y de hecho ni siquiera aparece el tradicional mensaje de la Corona, propio de otros regímenes de monarquía parlamentaria y que había adquirido cierta tradición en nuestro constitucionalismo.

   3) La disolución de las cortes: tampoco hay aquí un poder discrecional del Rey; no obstante algunos han afirmado que en el supuesto de la disolución anticipada descrita en el art. 115 (que es de exclusiva responsabilidad del Presidente del gobierno) el Rey podría negarse a la disolución de las Cámaras si faltase alguno de los requisitos constitucionales establecidos como la falta de deliberación del consejo de ministros, estar en tramite una moción de censura o no haber transcurrido un año desde la anterior disolución, no obstante se puede argumentar en contra que el Rey como máximo podría señalar el incumplimiento de estos requisitos y no se podría negar a la disolución ya que al fin y al cabo no es un órgano de defensa de la constitución, para eso esta el Tribunal Constitucional.

   4) La convocatoria de elecciones: esta función está absolutamente reglada y debe ser puesta en relación con la anterior ya que en el decreto de disolución habrá de ponerse la fecha de las elecciones, es decir, sobre los treinta y sesenta días desde la terminación del mandato (tal como indica el artículo 68.9 para el congreso y que también se aplica al senado). Este acto es refrendado (dependiendo de la situación) por el presidente del gobierno o por el presidente del Congreso de los diputados.

 

-Poder ejecutivo: Aquí se pueden plantear más conflictos que en la anterior, aunque en la Constitución se ha huido de toda consideración del Rey como cabeza del ejecutivo, al contrario de lo que se hacía en las anteriores constituciones. Otra tradición que se rompe es la del parlamento dualista (los ministros también son responsables ante el Rey que tiene la facultad de nombrar y separar libremente a los ministros), sustituyéndolo por uno monista fuertemente racionalizado, no permitiendo el sistema de la doble confianza (lo cual es lógico después de la experiencia de la segunda república que acabó siendo un sistema de “doble desconfianza”). En cualquier caso las funciones en este ámbito son:

   1) Proponer al candidato a Presidente de gobierno: la función más importante del monarca y en la que goza de un mayor margen de discrecionalidad. No obstante dentro de esto cabe distinguir tres posibles atribuciones: la de proponer candidato, la de nombrarlo y la de poner término a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. En las dos últimas no cabe ningún margen de actuación, ya que es un acto debido del Rey. Como ya se puede imaginar todas ellas están sometidas a refrendo y se explican con más detalle a continuación:

       a) La propuesta de nombramiento: está regulada por el art. 99 de la Constitución. El Rey tiene el refrendo del Presidente del Congreso (aunque no ejerce ese poder realmente, pues recae casi totalmente en el Rey) y jurídicamente sólo tiene un límite que es la consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria que le darán al monarca una solución, no obstante este no está obligado a nada por tales consultas; pero también se debe tener en cuenta que la discrecionalidad del Rey depende mucho de las fuerzas políticas existentes en la Cámara, así, si un partido ha obtenido la mayoría absoluta, esta discrecionalidad prácticamente no existe, pues el Rey está obligado, como impone la mecánica del sistema parlamentario, a proponer como Presidente del gobierno al líder de dicho partido o a la persona que éste le indique (tal como pasó en las elecciones de 1982, 1986, 1989 por parte del PSOE o en el 2000 por parte del PP) . Si por el contrario (tal como pasó en la primera legislatura, nombrada sobre todo por ser una de las más cruciales y por que en la prensa llegó a aparecer “el error Suárez” refiriéndose al nombramiento de este por parte de don Juan Carlos) no hay ningún partido que haya obtenido la mayoría absoluta, el margen de discrecionalidad del Rey aumenta, tampoco de forma absoluta, ya que debe proponer al líder del partido con más escaños parlamentarios, a no ser que una conjunción de las demás fuerzas políticas implicase una mayor estabilidad gubernamental. No obstante también parece que la mecánica del sistema parlamentario impone que sean los partidos los que suministren al monarca la solución más apropiada en cada momento, lo cual mermaría la discrecionalidad del Rey hasta prácticamente anularla.

       b) Nombramiento del Presidente del gobierno: no hay ningún margen de discrecionalidad por parte del Rey, es por tanto un acto debido; al igual que lo sería el acto de nombramiento en el supuesto de una moción de censura constructiva en el que el Rey nombrará Presidente del gobierno al candidato alternativo que figure en la moción.

       c) Cese del Presidente del gobierno: es otro acto debido, ya que ninguno de los supuestos descritos en la Constitución contempla la posibilidad de un acto discrecional del monarca. Naturalmente hay la posibilidad de que el Rey se negase a aceptar esa dimisión o que le forzará (con su actitud) a que le presentara la dimisión; ninguno de los dos supuestos aparece contemplado en la Constitución, pero eso no excluye la posibilidad que tiene siempre el Rey de aconsejar al Presidente la conveniencia o no de su posible dimisión dada su consideración de arbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones.

   2) Nombrar y separar a los miembros de gobierno a propuesta de su Presidente: es también un acto debido, pues esta función realmente corresponde al Presidente del gobierno como dice en el art. 100; algunos han querido ver cierto poder del Rey en que el Presidente hace una propuesta y como tal, puede ser aceptada o rechazada, pero eso supondría aceptar que el gobierno es en alguna medida responsable ante el monarca; posibilidad no permitida en absoluto por la Constitución.

   3) Ser informado de los asuntos de estado y presidir a estos efectos el consejo de ministros: esta es otra de las funciones más importantes atribuidas al Rey, no obstante algunos han indicado que que el Rey pueda presidir este consejo es un atentado contra el principio de la monarquía parlamentaria, no obstante, muchos suelen olvidar que tal hecho no ha vuelto a suceder desde que se aprobó la constitución. Aún así la asistencia a estos consejos, requiere que el Presidente y el monarca estén de acuerdo, ya que en caso contrario podría haber muchos problemas.

      En cualquier caso lo que suele suceder es que el Presidente efectúe la petición y el Rey, normalmente, asiste y preside el consejo. No obstante podría darse el caso de que el monarca considere oportuno asistir sin que se produzca la petición del Presidente, pero la doctrina dice que si considera oportuno acudir el Presidente debe formular la petición.

      Por otra parte hay que añadir que la presencia del Rey en el consejo es solamente a efectos de ser informado de los asuntos de estado, es decir puede acudir para ser informado y luego abandonarlo para que continúe como consejo normal presidido por el Presidente; por tanto aquí lo importante es señalar que la asistencia del Rey cuando se produzca en un caso extraordinario, no pueda ser utilizada por el gobierno para cubrir y amparar su propia responsabilidad por las decisiones allí tomadas, ya que como se ha dicho, el monarca sólo ha acudido para ser informado.

      No obstante todo esto acaba quedándose en la pura teórica de que el Rey tiene el derecho a la ya nombrada cita “advertir, animar y ser consultado”; ya que la información de los asuntos de estado la recibe el Rey a través de sus frecuentes contactos con el Presidente del gobierno sin necesidad de convocar el consejo de ministros.

   4) Expedir los decretos aprobados en el consejo de ministros: es un acto debido donde no cabe ningún margen de discrecionalidad, ni siquiera podría negarse a expedir los decretos alegando como por ejemplo que son inconstitucionales (ya se sabe que no es el órgano encargado de la defensa de la constitución), y de hecho, aunque así fuera estaría jurídicamente obligado a prestar su firma.

   5) Conferir los empleos civiles, militares, honores y distinciones: esta función la ha de ejercer con arreglo a las leyes, cuestión esta que ha de ponerse en relación a lo dispuesto en el art.56.1. No obstante el procedimiento esta regulado para no atribuir al Rey márgenes de discrecionalidad que atenten contra el concepto de monarquía parlamentaria.

   6) El mando supremo de las Fuerzas Armadas: para entender esta función que tienen la mayoría de los jefes de estado, hay que añadir que según el art. 97 el gobierno dirige la administración militar y la defensa del estado. Es por tanto también un acto debido sometido a refrendo ministerial; es así un mando supremo honorífico y no efectivo, que corresponde al gobierno.

      Este artículo fue los más comentados cuando se supo que se iba a cambiar la ley para que doña Leonor pudiera reinar, dado que si tiene ese poder entonces tendrá que hacer lo mismo que hicieron antes su padre y su abuelo, pasar por las tres academias militares (tierra, mar y aire); a lo que el ministro de defensa del momento, don Jose Bono, cuando fue interrogado por los periodistas, respondió con un simple “aún es demasiado pronto para pensar en eso” con parte de razón (acababa de nacer) pero con una gran falta de seguridad acerca del futuro educativo de la Infanta.

      Por otra parte cabe preguntarse si las fuerzas armadas, generalmente conservadoras y en las que sigue habiendo más hombres soldado que mujeres soldado, aceptará a una mujer como su jefa suprema, al fin y al cabo, no olvidemos que a pesar de ser sólo un puesto honorífico, seguramente tal posición influyó mucho el 23-F (no olvidemos que el Rey no iba vestido de traje o de cualquier otra forma, sino con su uniforme de capitán general de los ejércitos) En cualquier caso, y recordando lo que dijo el ex-ministro para aquella aún falta mucho y por tanto todo habrá evolucionado mucho, más aún si recordamos también las palabras de don Felipe “aún hay una generación intermedia”.

   7) El rey y las relaciones internacionales: con las mismas razones que en el caso anterior se le otorga esta función al monarca y a pesar de lo que dice el art. 56.1 que le da el rango del más alto representante del estado en las relaciones internacionales, también es verdad que es el gobierno quien dirige la política exterior. No obstante el Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos (en la interesante y sin embargo desconocida ceremonia de presentación de las cartas credenciales en la que dos carruajes de patrimonio nacional salen desde el ministerio de asuntos exteriores       -cerca de la plaza mayor- hacia el Palacio Real llevando a un embajador y a otros acreditados; cuando llegan a su destino, los embajadores avanzan hacia el salón del trono donde son recibidos el Rey y le entregan sus cartas credenciales); también declara la guerra y la paz, naturalmente, con previa autorización de las Cortes generales y finalmente también presta su consentimiento para que el estado pueda obligarse internacionalmente por medio de tratados (art. 63), en relación con lo cual habrá que estar a lo dispuesto en el art. 94.

     No obstante todo esto son actos debidos sin ningún margen de discrecionalidad, lo que no significa que no tenga una misión importante en esta función dados los numerosos contactos del actual monarca con jefes de estado extranjeros que seguramente heredará la infanta Leonor (especialmente con sus “primos” reales).

 

-Poder judicial: el campo donde menos discrecionalidad tiene, y donde sus funciones son más simbólicas, como son: que la justicia se administra en su nombre (art. 117.1), ejerce el derecho de gracia, que nunca podrá implicar indultos generales, nombra los altos cargos, como el Presidente del Tribunal Supremo, los vocales del Consejo general del poder judicial, el Fiscal general del estado, El Presidente y los miembros del Tribunal Constitucional… etc.

      Relacionado con esto último está el juramento que es imprescindible para ser proclamado Rey ante las Cortes Generales y al que se refiere el art. 61 de la Constitución, en el que jura “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas”, algunos pretenden ver en eso que una de las funciones del monarca es la de ser el defensor de la Constitución, cuestión que ya se ha desmentido varias veces anteriormente.

     Ahora que se han recorrido todos los poderes aún queda por abordar la relación del Rey con las comunidades autónomas que básicamente se queda en el nombramiento del Presidente de la comunidad autónoma con el refrendo del Presidente del gobierno y su sanción en los estatutos de autonomía, además de la convocatoria de los referéndum autonómicos, todos estos actos están, por supuesto, refrendados.

      Las últimas funciones que  se pueden mencionar son el alto patronazgo de las Reales Academias, función cultural de carácter honorífico a causa del papel que desempeño la monarquía en el origen de estas instituciones, tienen el mismo carácter todas las situaciones en las que se atribuye al Rey la presidencia de reuniones culturales y científicas.

     Finalmente corresponde al Rey convocar a referéndum, tanto en los supuestos de referéndum consultivo, constitucional o autonómico, aunque realmente es ejercido por la persona legitimada, es decir el Presidente del gobierno, que da el refrendo.

     Se habrá observado que una de las palabras más repetidas en toda esta parte es la de refrendo, esto es a causa de que la constitución estipula lo siguiente: “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”. Esto no debe extrañarnos pues es una característica común a todos los jefes de estado, incluso en los regímenes republicanos. Pero en el caso de las monarquías esa falta de responsabilidad es absoluta, extendiéndose a los ámbitos civil y penal; tal como dicen los aforismos británicos, el Rey “can do not wrong” (no puede hacer nada mal) y “cannot act alone” (no puede hacer nada solo); dada esta característica es necesario que alguien de validez a sus actos.

      Este refrendo fue aumentando con la evolución de las monarquías, hasta llegar a la actualidad, donde tal como dispone el art. 56.3. Sólo parece haber un acto libre de refrendo, que es el nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de la Casa Real y tal vez el del presupuesto que el Rey recibe para el sostenimiento de su Familia y Casa; y por supuesto también están exentos de refrendo todos aquellos actos que el Rey realiza como un ciudadano particular (a menos claro que se revistan de una relevancia política).

     Los que suelen refrendar los actos del Rey son el Presidente del gobierno o el Presidente del Congreso de los diputados.

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2 respuestas a Funciones constitucionales del Rey de España

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